La oclocracia

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En Octubre del año 2012, Richard Web, escribía  en El Comercio un articulo que titulaba  “¿Oclocracia a la vista?”. Hoy en día podemos ver   como ésta degeneración de la democracia ya se ha  manifestado   en  distintos ámbitos de la sociedad.

Oclocracia – palabra fea para algo feo. Es el gobierno de la muchedumbre,  la turba, la amenaza, la corrupción. Lo más feo es que se confunde fácilmente con la democracia, el gobierno de todos para el bien de todos, el más bello de los gobiernos. Los signos exteriores de una democracia pulcra – su discurso y sus formas – son el manto que se pone el lobo feroz oclocrático para confundirnos. El despotismo y la oligarquía son los enemigos tradicionales de la democracia, y de eso se aprovecha el oclócrata, quien disfraza su interés económico o político levantando la bandera de defensor contra esos enemigos más conocidos.  El camino a la oclocracia termina siendo la degeneración de la democracia.
Pero allí donde la tiranía es descaradamente abierta, casi formal, la oclocracia es hipócrita e informal, y así termina siendo el enemigo más peligroso, por lo menos en un mundo moderno donde se ha impuesto la religión única de la democracia. Nos incomoda ponerle nombre a la oclocracia, no sólo por la fealdad lingüística, sino porque es manchar la sagrada democracia. Sin embargo, para Platón sí existía la mala democracia.

Lo que distingue la democracia buena de la mala es que no pierde de vista al conjunto. Es frecuente oponer los derechos del individuo al interés de la colectividad, pero se olvida que la vida colectiva en un país es parte integral del ser humano, una forma de realizarnos como personas. La defensa a ultranza del derecho humano individual necesariamente vulnera el derecho humano colectivo.

Ciertamente, lograr un balance es un reto nada envidiable. ¿Cuándo y hasta cuánto debe respetarse al individuo en contra del interés colectivo? No obstante esa duda teórica, el país es testigo hoy de una avalancha de desacatos de las reglas colectivas, motivadas por fines personales o de grupo. Muchos son fines legítimos y respetables, como el derecho de un campesino de saber que una mina no destruirá su medio ambiente, pero el desacato diario actual ha ido más allá, volviéndose casi una práctica normal de cualquier negocio y de cualquier acto político. Los costos para la colectividad son múltiples: días de trabajo, clases no dictadas, atenciones médicas no realizadas, impuestos no cobrados, prioridades legislativas y administrativas desatendidas, además de la injusticia de una economía  que termina funcionando en función del arrebato.

El desacato se impone por actos de fuerza, pero la explicación también se encuentra en el cableado de nuestra democracia, una combinación de normas, instituciones y cultura que nos discapacita defensivamente, y deja un ancho espació para el accionar de las turbas. Lo más fácil de constatar es la indulgencia penal, producto de una combinación de normas benevolentes, y de la corrupción tanto en Poder Judicial como en el sistema penitenciario. Otro componente de ese cableado es el alto desarrollo que ha logrado el sistema institucional de protección de derechos personales, en la que  se unen instituciones públicas como la Defensoría del pueblo con ONGs y hasta con entidades fiscalizadoras extranjeras, sin que exista una contraparte  institucional dedicada a la defensa de los derechos colectivos.

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